República Dominicana obtiene triunfo total en arbitraje internacional por más de US$100 millones
Santo Domingo.– La República Dominicana logró una decisión completamente favorable en el arbitraje internacional promovido por el empresario francés Yves Martine Garnier, quien reclamaba al Estado dominicano más de US$100 millones, equivalentes a más de RD$5,882 millones, por una controversia relacionada con la terminación de un contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este.
El Tribunal Arbitral, mediante un laudo emitido el 19 de agosto de 2026, rechazó en su totalidad las pretensiones formuladas por Garnier al amparo del Acuerdo entre los gobiernos de Francia y República Dominicana sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito el 14 de enero de 1999.
El proceso fue iniciado el 4 de octubre de 2021, conforme al artículo 7 de dicho acuerdo, y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso número 2022-01.
La controversia tuvo como punto de partida la terminación del contrato de concesión suscrito entre EGTT Dominicana, S.A., empresa propiedad del demandante, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, para la prestación de servicios vinculados con la gestión y recolección de residuos sólidos.
Tribunal avala terminación del contrato
En sus conclusiones, el Tribunal Arbitral determinó que la terminación de la concesión se produjo de manera válida conforme al derecho dominicano, tomando en consideración las deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana en la prestación del servicio.
Asimismo, estableció que los hechos planteados por el demandante no alcanzaban el nivel requerido para determinar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano mediante el tratado bilateral de inversiones.
De esta manera, el fallo descartó las reclamaciones económicas presentadas contra el país y evitó que el Estado dominicano tuviera que asumir el pago de una indemnización superior a los US$100 millones.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, valoró el resultado como una reafirmación del compromiso del Estado con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y con la defensa de los intereses públicos.
“La defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos”, manifestó.
Sanz Lovatón sostuvo que la República Dominicana mantiene una posición de respeto hacia los inversionistas extranjeros, pero al mismo tiempo está llamada a defender sus actuaciones cuando considera que una reclamación carece de fundamento.
Defensa estatal fue coordinada por varias instituciones
La representación dominicana en el proceso fue coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), conjuntamente con el Gobierno de la Municipalidad de Santo Domingo Este.
Posteriormente se incorporó el Ministerio de Justicia, institución que, en virtud de la Ley núm. 80-25, tendrá a su cargo la representación del Estado dominicano en los arbitrajes internacionales de inversión.
Para la defensa jurídica del país, el Estado dominicano contó con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, a través de su oficina en Washington, D.C.
El resultado constituye un precedente relevante para la política dominicana de defensa frente a controversias internacionales de inversión, al tiempo que representa una protección para los recursos públicos ante reclamaciones económicas de elevada cuantía.
Las autoridades señalaron que este triunfo forma parte de una estrategia de defensa activa del Estado en materia de arbitraje de inversión, orientada tanto a preservar el patrimonio público como a mantener las condiciones de seguridad jurídica necesarias para continuar atrayendo inversión extranjera.
En ese contexto, el laudo favorable refuerza la posición del país de que la protección de las inversiones internacionales debe coexistir con el derecho del Estado a hacer cumplir sus leyes y regular adecuadamente los servicios públicos dentro de su territorio.
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