Santo Domingo. El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó este viernes que el Ministerio Público espera obtener una sentencia condenatoria contra Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso de la discoteca Jet Set, y sostuvo que el tribunal debería imponer la pena máxima contemplada en la legislación aplicable al caso.
Al ofrecer declaraciones tras el inicio del juicio de fondo, Camacho valoró positivamente que la audiencia se desarrollara sin contratiempos ni aplazamientos y aseguró que el órgano acusador presentó los elementos probatorios que sustentan la acusación contra los imputados.
Según explicó, las evidencias reunidas durante la investigación permitirán demostrar los hechos atribuidos a los acusados y respaldan la solicitud de una condena al concluir el proceso judicial.
El magistrado señaló que, a juicio del Ministerio Público, una valoración objetiva de las pruebas solo puede conducir a una decisión condenatoria, al considerar la gravedad de los acontecimientos y las consecuencias derivadas del colapso del establecimiento.
Camacho recordó que el proceso se conoce bajo las disposiciones del antiguo Código Penal, por lo que, aun cuando se imponga la sanción máxima prevista para ese tipo de infracción, entiende que esta no sería proporcional al impacto humano provocado por la tragedia.
Indicó que el desplome del centro nocturno dejó 236 personas fallecidas, decenas de heridos y numerosas familias afectadas de manera irreversible, una realidad que, según sostuvo, difícilmente puede ser compensada por cualquier sanción penal.
En ese contexto, afirmó que una condena representaría la respuesta mínima que el sistema de justicia puede ofrecer a las víctimas y sus familiares frente a un hecho que, según expresó, ha marcado profundamente a la sociedad dominicana.
El procurador adjunto también rechazó los argumentos de quienes consideran que el caso debería limitarse a la jurisdicción civil y defendió la procedencia de la acción penal impulsada por el Ministerio Público.
Recordó que el expediente ya superó etapas clave del proceso, incluyendo la imposición de medidas de coerción y la emisión del auto de apertura a juicio, decisiones que evidencian, a su entender, la solidez jurídica de la acusación.
Finalmente, reiteró que el desenlace del juicio dependerá de la valoración de las pruebas presentadas ante el tribunal, al tiempo que destacó que el Ministerio Público acudió preparado para sustentar cada uno de los cargos formulados contra los hermanos Espaillat.
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