Por: Dr. Rafael Guerrero Peralta.
Un reciente estudio publicado por el AI Security Institute del Reino Unido ofrece datos que deberían llamar la atención no solamente de científicos, especialistas en tecnología y expertos en ciberseguridad, sino de cualquier país que aspire a proteger su soberanía en el siglo XXI.
La investigación, titulada «How far behind the frontier are leading open-weight models on cyber?», analiza la distancia existente entre determinadas capacidades cibernéticas de los principales modelos de inteligencia artificial de código abierto y los modelos más avanzados del mundo. La conclusión es contundente: esa distancia se ha reducido a apenas unos meses.
A primera vista podría parecer un dato reservado al mundo de los especialistas. No lo es. Detrás de esos pocos meses surge una pregunta mucho mayor: ¿están nuestros Estados preparándose con la misma velocidad con la que avanza esta tecnología?
Durante siglos aprendimos a defender la soberanía mirando hacia nuestras fronteras. Vigilamos costas, aeropuertos, puertos y pasos terrestres. Instalamos radares, controles migratorios y sistemas de seguridad física.
La nueva frontera es digital, y la inteligencia artificial está transformando aceleradamente la manera en que esa frontera puede ser vulnerada.
Un ataque contra el sistema financiero, una red eléctrica, las telecomunicaciones, un aeropuerto, un puerto, una institución pública o las bases de datos esenciales del Estado puede provocar enormes consecuencias sin que un solo soldado cruce ninguna línea territorial.
La preocupación aumenta porque las capacidades tecnológicas avanzadas están dejando de ser patrimonio exclusivo de los Estados y de las grandes corporaciones. Herramientas cada vez más poderosas pueden llegar, en cuestión de meses, a actores no estatales.
El crimen organizado transnacional conoce perfectamente esta lógica. Durante décadas ha demostrado una extraordinaria capacidad para apropiarse de cada nueva tecnología útil para sus propósitos. Incorporar la inteligencia artificial a sus operaciones no es una posibilidad lejana: es, sencillamente, cuestión de tiempo.
Para la República Dominicana esta realidad merece especial atención. Nuestra posición geográfica en el Caribe, la importancia de nuestros puertos y aeropuertos, el peso del turismo, la expansión del sector financiero y nuestra creciente dependencia digital nos convierten en un actor relevante dentro de este nuevo mapa de riesgos.
Podemos proteger físicamente un puerto y dejar vulnerable su sistema digital. Podemos controlar rigurosamente pasajeros y equipajes en un aeropuerto y, al mismo tiempo, depender de redes informáticas expuestas a intrusiones externas.
Por eso la ciberseguridad es ya una cuestión de Estado.
La soberanía del siglo XXI no puede limitarse al territorio terrestre, marítimo y aéreo. Debe comprender también las telecomunicaciones, la información, los sistemas digitales y las infraestructuras críticas que sostienen la vida institucional y económica del país.
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