Diputados aprueban proyecto que crea Sistema Nacional de Becas y establece retorno obligatorio para beneficiarios en el exterior
SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados dio luz verde este miércoles, en segunda lectura, al proyecto de ley que procura establecer un Sistema Nacional de Becas orientado a ampliar el acceso a la educación superior, técnica y profesional, al tiempo que vincula la entrega de recursos públicos con compromisos específicos por parte de sus beneficiarios.
La iniciativa, de la autoría del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) José Caraballo, plantea garantizar mayores condiciones de equidad para que ciudadanos dominicanos puedan acceder a oportunidades de formación mediante facilidades económicas otorgadas por el Estado.
Uno de los puntos de mayor alcance de la propuesta establece que los jóvenes y adultos que sean beneficiados con becas financiadas por el Gobierno para cursar estudios universitarios en el extranjero deberán retornar al país una vez concluyan su preparación académica y permanecer en territorio dominicano entre dos y cinco años, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio del desarrollo nacional.
El proyecto contempla que quienes incumplan esta obligación deberán reintegrar al Poder Ejecutivo una parte o la totalidad de los recursos recibidos, disposición que el legislador sustenta en el principio de reciprocidad social y en la necesidad de que la inversión pública en formación profesional genere un retorno para la sociedad dominicana.
La propuesta también establece una serie de responsabilidades para los becarios, entre ellas mantener un rendimiento académico mínimo, destinar los recursos exclusivamente a los fines educativos autorizados y cumplir con la entrega y actualización de la documentación requerida por las autoridades responsables del programa.
Régimen de sanciones
El proyecto contempla un régimen gradual de consecuencias para los beneficiarios que incumplan las disposiciones establecidas. Las faltas relacionadas con la entrega de documentos o la actualización de información podrían generar amonestaciones escritas y la suspensión temporal de los recursos asignados.
En situaciones de mayor gravedad, como el uso parcial de los fondos para fines distintos a los autorizados, la obstrucción de procesos de auditoría o la omisión de informar cambios en la situación socioeconómica del beneficiario, se plantea el reintegro proporcional de los recursos utilizados irregularmente y la inhabilitación para participar en futuras convocatorias durante un período de hasta tres años.
La propuesta endurece las consecuencias cuando se compruebe la presentación de documentos falsos o adulterados, el uso fraudulento de los recursos o la manipulación de registros académicos. En estos casos, la beca podría ser cancelada de manera definitiva, además de exigirse el reintegro de la totalidad de los fondos recibidos.
Los beneficiarios involucrados en este tipo de prácticas también podrían quedar impedidos de participar en nuevos procesos de becas por un período de hasta 10 años, mientras que los casos que pudieran constituir delitos serían remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Control sobre favoritismo y corrupción
La iniciativa incorpora además disposiciones dirigidas a prevenir actos de corrupción, favoritismo o asignaciones irregulares de becas por parte de funcionarios y servidores públicos.
De acuerdo con el proyecto, quienes incurran en este tipo de prácticas quedarían sujetos a las consecuencias previstas en el marco jurídico nacional, incluyendo las disposiciones de las leyes sobre Función Pública, Compras y Contrataciones Públicas, así como las relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El texto, sin embargo, no especifica de manera individual las sanciones que corresponderían a los funcionarios que cometan infracciones durante los procesos de administración y asignación de becas, remitiéndose a las consecuencias contempladas en las legislaciones vigentes.
El Sistema Nacional de Becas estaría articulado mediante un organismo denominado Conabe, bajo la rectoría del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), con la participación de instituciones vinculadas a la formación académica y al mercado laboral.
En esta estructura participarían, además del Mescyt, los ministerios de Educación, Trabajo y Juventud; el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep); la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); universidades privadas; el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la pieza deberá ser conocida por el Senado de la República. De ser aprobada por los senadores en las discusiones correspondientes, pasaría al Poder Ejecutivo para que el presidente Luis Abinader determine su promulgación u observación.
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