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Defensa de Santiago Hazim alega imposibilidad material para responder a informe de Cámara de Cuentas

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Por Ariel Eduardo Cabral
septiembre 8, 2026 4 min de lectura
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SANTO DOMINGO.– La defensa del exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Marcelo Hazim, notificó a la Cámara de Cuentas la imposibilidad material de su representado para responder, dentro del plazo establecido, a los hallazgos contenidos en el Informe Preliminar de Investigación Especial realizado a esa institución durante el período comprendido entre enero de 2020 y septiembre de 2025.

Mediante una comunicación fechada el 7 de septiembre, el abogado Miguel Valerio Jiminián, quien asumió la representación legal de Hazim, puso en conocimiento del órgano fiscalizador las circunstancias que, según sostiene, imposibilitan al exfuncionario examinar personalmente la documentación necesaria para formular sus descargos frente a las observaciones consignadas en la auditoría.

El argumento central de la defensa se sustenta en la situación de privación de libertad de Hazim, quien permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras. Según su abogado, esta condición le impide acceder de manera directa a archivos, registros financieros, expedientes administrativos y sistemas informáticos que resultarían indispensables para verificar, contextualizar y responder las observaciones formuladas por los auditores.

Defensa invoca el debido proceso

Valerio Jiminián sostuvo que la imposibilidad de responder dentro del período concedido no obedece a una negativa deliberada de su defendido a colaborar con la investigación, sino a limitaciones objetivas derivadas de su encarcelamiento, las cuales —según plantea— condicionan materialmente el ejercicio de su derecho de defensa.

El abogado recordó que el plazo establecido para presentar observaciones al informe preliminar es de 30 días hábiles y que dicho período se encuentra próximo a vencer, por lo que dejó constancia formal ante la Cámara de Cuentas de las dificultades que enfrenta Hazim para preparar una respuesta sustentada documentalmente.

En su comunicación, la defensa invocó el artículo 69 de la Constitución de la República, relativo a las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Desde esa perspectiva, el jurista argumentó que no sería razonable exigir al exdirector de SENASA explicaciones, precisiones o justificaciones sobre determinadas operaciones si este no dispone de acceso efectivo a los expedientes y fuentes documentales necesarias para contrastar las informaciones utilizadas en la investigación.

Cuestiona acceso desigual a las fuentes documentales

Uno de los aspectos centrales planteados por la defensa consiste en la alegada disparidad en el acceso a la información utilizada durante la fiscalización.

Valerio Jiminián señaló que la Cámara de Cuentas habría contado con documentación e informaciones suministradas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), mientras que su representado, debido a su condición de recluso, no tendría un acceso equivalente a esas fuentes ni a los archivos institucionales que le permitirían contrastar los señalamientos.

La defensa considera que esa circunstancia limita las posibilidades de Hazim de ejercer plenamente su derecho a formular observaciones y presentar los elementos de descargo correspondientes.

En consecuencia, la comunicación procura dejar establecida formalmente la posición de la defensa ante la imposibilidad de ofrecer una respuesta personal y documentada dentro del período concedido por el órgano auditor.

La falta de descargos no implica admisión

El abogado hizo especial énfasis en que la ausencia de una respuesta personal de Hazim al informe preliminar no puede ser interpretada como aceptación de sus hallazgos, reconocimiento de responsabilidades o renuncia a los mecanismos de defensa que le corresponden.

La precisión adquiere particular relevancia debido a que el proceso de fiscalización se desarrolla de manera paralela al proceso penal que involucra al exfuncionario.

La defensa sostiene, por tanto, que cualquier interpretación de la falta de descargos como una admisión de los señalamientos carecería de fundamento, al atribuir a una imposibilidad material consecuencias jurídicas que, según su planteamiento, no se desprenden de la situación procesal de su representado.

Hazim permanece bajo prisión preventiva

Santiago Hazim se encuentra privado de libertad desde el 11 de diciembre de 2025, cuando le fue impuesta una medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva.

Posteriormente, el 4 de febrero de 2026, dicha decisión fue confirmada, por lo que el exdirector de SENASA permanece recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Es precisamente esta condición de reclusión la que, de acuerdo con su defensa, constituye el principal obstáculo para que pueda acceder personalmente a la documentación requerida y preparar una contestación detallada a cada una de las observaciones formuladas por la Cámara de Cuentas.

Investigación abarcó gestión de SENASA entre 2020 y 2025

La investigación especial de la Cámara de Cuentas comprendió el período situado entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2025, con una revisión de distintas áreas consideradas sensibles dentro de la administración del Seguro Nacional de Salud.

Entre los ámbitos examinados figuran los procesos de compras y contrataciones, pagos efectuados a Prestadores de Servicios de Salud (PSS), gestión de servicios, registros financieros y sistemas tecnológicos, entre otros componentes de la estructura operativa y administrativa de la institución.

El informe preliminar fue emitido el 3 de agosto de 2026 y notificado el 7 de agosto, iniciándose a partir de entonces el período otorgado para que las personas señaladas pudieran formular observaciones y presentar los descargos correspondientes.

De acuerdo con la información suministrada, el documento contiene hallazgos de naturaleza administrativa, financiera, contractual y tecnológica, algunos de los cuales señalan posibles indicios de responsabilidad administrativa y penal.

No obstante, al tratarse de un informe preliminar, los señalamientos se encuentran sujetos a las etapas correspondientes de revisión, observación y descargo, por lo que no equivalen por sí mismos a una determinación definitiva de responsabilidad.

En ese escenario, la defensa de Santiago Hazim ha optado por dejar constancia ante la Cámara de Cuentas de las dificultades que, según afirma, enfrenta su representado para ejercer en condiciones materiales adecuadas su derecho a responder a las observaciones de la investigación, al tiempo que procura preservar intactos sus mecanismos de defensa tanto ante el órgano fiscalizador como dentro del proceso penal que se encuentra en curso.

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