Corte ratifica embargo e hipoteca por RD$500 millones contra Antonio y Maribel Espaillat por caso Jet Set
Santo Domingo.– La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó las medidas conservatorias impuestas sobre bienes de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, procesados judicialmente por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 80 heridos.
La decisión mantiene vigentes los embargos conservatorios, embargos retentivos e hipotecas judiciales provisionales autorizados hasta un monto de RD$500 millones, con el objetivo de garantizar una eventual reparación económica a favor de las víctimas del caso.
El tribunal, integrado por las magistradas Doris Josefina Pujols Ortiz, quien lo presidió, y Daisy Indhira Montás Pimentel, rechazó el recurso de apelación interpuesto por los hermanos Espaillat y varias empresas vinculadas a ellos, mediante el cual buscaban revocar las medidas cautelares impuestas por el juez de instrucción.
Aunque participó en las deliberaciones, el magistrado Rafael Báez García no firmó la resolución debido a que se encontraba de vacaciones al momento de la emisión formal de la decisión.
Medidas buscan garantizar posibles indemnizaciones
Al fundamentar su fallo, la Corte sostuvo que las medidas de coerción real tienen una naturaleza preventiva y provisional, por lo que no constituyen una condena anticipada ni implican una determinación de responsabilidad civil definitiva.
Los jueces señalaron que su finalidad es preservar bienes suficientes para responder ante una eventual sentencia condenatoria y asegurar la posibilidad de resarcir los daños reclamados por las víctimas.
Asimismo, recordaron que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, estableció expresamente un límite de RD$500 millones, por lo que cualquier actuación ejecutoria derivada de esas medidas debe respetar ese tope económico.
Tribunal descarta riesgo de afectación patrimonial ilimitada
Uno de los principales argumentos presentados por los recurrentes consistió en que la gran cantidad de víctimas involucradas en el proceso podría provocar múltiples embargos independientes y generar una afectación patrimonial superior al monto fijado por el tribunal.
Sin embargo, la Corte concluyó que la existencia de numerosas víctimas no constituye un motivo suficiente para eliminar las garantías cautelares previstas por la ley.
Los magistrados indicaron que, en caso de producirse algún exceso durante la ejecución de las medidas, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para corregirlo, incluyendo la reducción, limitación o levantamiento de los embargos cuando existan fundamentos legales que lo justifiquen.
Por esa razón, determinaron que los apelantes no lograron demostrar que las medidas hubieran perdido su finalidad ni que existiera una afectación patrimonial que superara el límite autorizado judicialmente.
Empresas vinculadas también participaron en la apelación
Además de Antonio y Maribel Espaillat, el recurso fue presentado por Ana Grecia López, Evelyn Espaillat y varias sociedades comerciales, entre ellas Inversiones EyL, S.R.L., Radio Cadena Comercial, S.R.L., Difusora Hemisferio, S.R.L. e Inversiones CCEP-2, S.A.
La impugnación se dirigía contra una disposición contenida en la resolución emitida el 15 de junio de 2026 por el juez Raymundo Mejía, mediante la cual se ordenó la apertura a juicio contra los imputados por presuntas violaciones a los artículos 319 y 320 del Código Penal.
Los recurrentes pretendían que las medidas conservatorias fueran sustituidas por una fianza emitida por una compañía aseguradora y que se individualizara a los beneficiarios de la eventual garantía.
No obstante, con la decisión adoptada por la Corte de Apelación, las medidas cautelares permanecen vigentes y continuarán asegurando bienes hasta el límite de RD$500 millones, mientras avanza el proceso judicial derivado de una de las mayores tragedias ocurridas en un centro de entretenimiento del país.
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