Washington. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, manifestó este jueves su expectativa de que la reunión extraordinaria de cancilleres convocada para examinar la situación política de Nicaragua pueda celebrarse «lo antes posible», previsiblemente después de la Asamblea General de Naciones Unidas, a finales de septiembre.
Ramdin explicó que Estados Unidos, como país anfitrión, mantiene conversaciones con los demás Estados miembros de la OEA con el propósito de acordar una fecha que resulte aceptable para todos y permita reunir al mayor número posible de ministros de Exteriores.
El secretario general advirtió, sin embargo, que el encuentro no debe limitarse a emitir una condena contra las actuaciones del Gobierno nicaragüense, sino que debe traducirse en medidas concretas, entre ellas eventuales sanciones financieras y restricciones de viaje contra determinadas personas.
«Lo que está ocurriendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable. Pero una simple condena no es suficiente. Si nos reunimos tiene que ser para tomar medidas», afirmó Ramdin.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó el pasado 19 de agosto la convocatoria de esta reunión ministerial, aunque todavía no se ha establecido una fecha definitiva, con el propósito de analizar la situación en Nicaragua luego de que el presidente Daniel Ortega amenazara con cancelar las elecciones.
La iniciativa obtuvo el respaldo de 26 países, mientras Brasil votó en contra y México optó por abstenerse. Se trata de un mecanismo extraordinario al que el organismo hemisférico recurre de manera poco frecuente para abordar asuntos considerados de especial trascendencia regional.
Nicaragua, por su parte, abandonó formalmente la OEA en 2023, tras años de crecientes cuestionamientos del organismo a las políticas del Gobierno de Ortega y a su permanencia en el poder.
La tensión volvió a intensificarse el pasado 4 de septiembre, cuando la Asamblea Nacional nicaragüense inició un proceso de reforma constitucional destinado a impedir la participación electoral de opositores considerados «traidores a la patria», una iniciativa que, según sus críticos, busca afianzar el control político de Ortega y de su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.
El exguerrillero sandinista, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y enfrenta acusaciones de fraude electoral y persecución de adversarios políticos, señalados por sus detractores como parte de una estrategia para restringir la competencia democrática.
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