El proceso judicial por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set entra este viernes en una nueva etapa con el inicio del juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por el Ministerio Público como responsables del colapso del techo del establecimiento, hecho que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 lesionadas.
La audiencia será encabezada por el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, a partir de las 9:00 de la mañana. Los imputados enfrentan cargos por homicidio involuntario en uno de los expedientes de mayor repercusión pública registrados en el país durante los últimos años.
Junto a los acusados también figuran como terceros civilmente demandados las empresas Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; y Radio Cadena Comercial, S.R.L., además de Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
El expediente acusatorio elaborado por el Ministerio Público reúne 156 páginas e incorpora 84 testigos, así como numerosas pruebas documentales y materiales que buscan sustentar la responsabilidad atribuida a los encartados por el desplome ocurrido durante una presentación artística del merenguero Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro.
La apertura formal del juicio marca el inicio de la fase en la que el tribunal deberá valorar las evidencias presentadas por las partes y determinar si existe responsabilidad penal por la tragedia que conmocionó al país.
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat estará a cargo de los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez. Por el Ministerio Público participará un equipo integrado por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; así como varios procuradores y fiscales asignados al caso.
Las víctimas y familiares afectados estarán representados por un amplio grupo de juristas, entre ellos Ingrid Hidalgo, Laura Acosta, Carlos Salcedo, Luis Aybar, Yan Luis Martínez, Félix Humberto Portes y Plutarco Jáquez.
El expediente fue remitido a la Cuarta Sala Penal luego de que la jueza Clara Luz Almonte se inhibiera de conocer el proceso por razones personales vinculadas a una de las víctimas. Previamente, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la apertura a juicio tras concluir que los hechos debían ser conocidos bajo la figura de homicidio culposo, rechazando la solicitud de algunos querellantes que pedían una calificación más grave.
En esa misma decisión también fueron excluidos del proceso penal el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales que habían sido mencionadas durante la investigación.
Mientras avanza el conocimiento del caso, los hermanos Espaillat continúan bajo las medidas de coerción de garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, disposiciones que fueron ratificadas posteriormente por la Corte de Apelación.
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