Abinader modifica reglamento de licencias y elimina reducción de vigencia para mayores de 75 años
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader emitió este martes el Decreto 675-26, mediante el cual modifica el reglamento de las licencias de conducir para adecuarlo a la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto la reducción de dos años en la vigencia de las licencias para personas mayores de 75 años.
La nueva disposición deroga el Decreto 330-26 y establece una vigencia uniforme de cuatro años para las licencias y autorizaciones de conducir, cuyo vencimiento se producirá el día del cumpleaños de su titular, conforme al artículo 208 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El Poder Ejecutivo también dispone medidas orientadas a evitar cualquier forma de discriminación por razones de edad durante los procesos de renovación de las licencias.
El decreto establece que la edad, por sí sola, no podrá ser utilizada como criterio único para limitar, reducir o denegar la vigencia de una licencia o autorización para conducir.
En ese sentido, la aptitud de cada persona para conducir deberá determinarse mediante evaluaciones físicas, teóricas y prácticas, aplicadas sin discriminación, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley 63-17 al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
La normativa dispone, además, que la suspensión o cancelación de una licencia solo podrá producirse por las causas previstas en la legislación vigente, entre ellas el incumplimiento de los requisitos establecidos o la acreditación, mediante certificado médico, de una imposibilidad física o mental permanente para conducir.
El decreto también contempla que cualquier medida de suspensión o cancelación deberá respetar el debido proceso administrativo y las garantías correspondientes al titular de la licencia.
Con esta disposición, el Gobierno señala que procura adecuar el marco regulatorio a la decisión del Tribunal Constitucional y garantizar la aplicación de criterios vinculados con la aptitud para conducir, en lugar de utilizar exclusivamente la edad como parámetro.
El Poder Ejecutivo reiteró su compromiso con el cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, así como con el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente de los adultos mayores.
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