Santo Domingo. El juez Rigoberto Sena impuso prisión preventiva a ocho de los imputados en la denominada Operación Cobra 2.0-A, vinculada a una presunta red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante la facturación y cobro de servicios médicos supuestamente no realizados.
La decisión judicial también incluyó arresto domiciliario para otras 15 personas, mientras que tres imputados recibieron medidas consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Los enviados a prisión preventiva son Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes cumplirán la medida en el Centro Correccional Las Parras.
Asimismo, Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
Entre los beneficiados con arresto domiciliario figuran Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán y Alberto Batista Cruz, entre otros imputados.
Por otro lado, José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre deberán cumplir presentación periódica, impedimento de salida y el pago de una garantía económica como medidas de coerción.
Tras conocerse la decisión, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, valoró las medidas impuestas y afirmó que las investigaciones relacionadas con el caso continúan abiertas, por lo que no descarta nuevas actuaciones dentro del proceso.
Camacho también exhortó a los profesionales de la medicina a no facilitar sus códigos de servicio para actividades irregulares, al tiempo que informó que en el expediente figuran 22 médicos vinculados a las pesquisas.
De acuerdo con el Ministerio Público, la Operación Cobra 2.0-A constituye una segunda fase de la investigación sobre presuntas irregularidades en Senasa. Las autoridades sostienen que una estructura habría gestionado autorizaciones fraudulentas de procedimientos médicos, utilizado datos de afiliados sin su consentimiento y presentado reclamaciones sustentadas en diagnósticos y servicios inexistentes.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Senasa en noviembre de 2024. Según el expediente acusatorio, integrado por más de 500 páginas, el perjuicio económico preliminar atribuido a esta fase del caso ronda los RD$40 millones. La operación incluyó 37 allanamientos realizados en distintas provincias del país y culminó con el arresto de al menos 28 personas.
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