Por Rafael Linares, abogado y comunicador.
Durante años, Carlos Pimentel construyó su figura pública desde Participación Ciudadana y Marcha Verde, exigiendo transparencia, debido proceso, acceso a la información y rendición de cuentas. Era el activista que preguntaba al poder quién tomó la decisión, con qué fundamento, quién se benefició y por qué los documentos no aparecían.
Hoy el escenario se ha invertido. En INABIE, la DGCP reconoce que intervino antes de las ofertas y emitió observaciones de «carácter obligatorio» sobre los pliegos. Existe, además, el señalamiento público sobre un correo atribuido a Pimentel, mediante el cual habría condicionado modificaciones del pliego a la continuidad de la licitación. Mientras tanto, personas provenientes o vinculadas a la DGCP aparecen en áreas sensibles del INABIE y el Comité intervenía en la designación de los peritos.
Después está el 20 de agosto: Pimentel defendió públicamente los procesos y sostuvo que la DGCP no había detectado irregularidades. Luego llegaron reinspecciones, suspensiones, recursos y graves denuncias alrededor de determinadas evaluaciones.
Y ahora se suma ProDominicana, dirigida por su hermano Vladimir. Las actas muestran que Vladimir anteriormente aparecía nominalmente como presidente del Comité de Contrataciones. Después de convertirse en la Máxima Autoridad Ejecutiva, otra funcionaria aparece como su representante, mientras Vladimir deja de figurar nominalmente en la integración del Comité examinada.
El contraste resulta difícil de ignorar: el Pimentel activista exigía respuestas inmediatas al poder; el Pimentel funcionario tiene ahora preguntas concretas que debe responder documentalmente.
¿Qué cambios obligó la DGCP a introducir en INABIE? ¿Quién los ordenó? ¿Cuándo fueron realizados? ¿Qué oferentes se beneficiaron? ¿Qué sabía la DGCP antes del 20 de agosto? ¿Qué decía exactamente el correo atribuido a Pimentel? ¿Y cómo se inhibe la DGCP cuando debe supervisar una institución dirigida por el hermano de su propio director?
Ayer, Pimentel exigía que el poder respondiera. Hoy, él es el poder al que le corresponde responder.
Y en asuntos donde existen solicitudes concretas pendientes, el silencio o la ausencia de una decisión expresa también se convierte en parte del problema de rendición de cuentas.
La transparencia que Pimentel exigía desde Marcha Verde no puede ser un estándar reservado para los demás.
Si ayer exigía documentos, explicaciones y respuestas, hoy debe ofrecer exactamente lo mismo.
About The Author
