Aplazan audiencia de coerción en caso Senasa 2.0-A; Pepca dice defensa pidió tiempo para revisar pruebas
SANTO DOMINGO.– El conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Senasa 2.0-A fue pospuesto para el próximo miércoles 23 de septiembre a las 2:00 de la tarde, luego de que las defensas solicitaran al tribunal un plazo adicional para examinar la documentación presentada por el Ministerio Público.
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Según explicó Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el órgano acusador acudió preparado para iniciar el conocimiento de la medida, pero los abogados de los imputados requirieron más tiempo para analizar el voluminoso expediente probatorio.
Ortiz sostuvo que las evidencias recopiladas incluyen autorizaciones médicas que habrían sido facturadas y cobradas al Seguro Nacional de Salud (Senasa) pese a que los procedimientos correspondientes no fueron ejecutados. Agregó que, a juicio del Ministerio Público, la investigación revela la existencia de una estructura integrada por excolaboradores de la aseguradora estatal y profesionales de la salud que presuntamente operaba para desviar recursos públicos mediante reclamaciones irregulares.
La acusación también señala supuestas maniobras relacionadas con la alteración de registros clínicos, falsificación de firmas y presentación de reclamaciones fuera de plazo, acciones que habrían permitido la obtención indebida de fondos estatales destinados a la cobertura de servicios de salud.
Durante la jornada se incorporó al expediente la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades este lunes y fue incluida formalmente en la solicitud de medida de coerción. La integración de esta nueva imputada al proceso fue uno de los elementos que incidió en la decisión de aplazar la audiencia.
Con esta incorporación, el caso reúne a más de una veintena de profesionales de la salud y otras personas vinculadas a la presunta red investigada. El Ministerio Público adelantó que solicitará la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los encartados, así como la declaratoria de complejidad del proceso debido a la magnitud de los hechos investigados y la cantidad de involucrados.
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